El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto-ley sobre la función social de la vivienda, que aspira a convertirse en un "plan de choque" para frenar la "sangría social" de los desahucios, y que incluye sanciones de hasta 9.000 euros a bancos e inmobiliarias que no alquilen las viviendas vacías. El nuevo decreto incluye medidas de fomento del alquiler y sanciones a los bancos y promotoras que no pongan en el mercado casas vacías. La "expropiación temporal" suspendería los desahucios en casos de riesgo de exclusión social.
"Por primera vez, un gobierno de España legisla desde la consideración de la vivienda como un derecho", ha destacado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha agregado: "Con este decreto hacemos justicia, llegamos a la raíz del problema".
En Andalucía hay alrededor de 700.000 viviendas desocupadas, de las que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, y desde 2007 se han producido unos 86.000 desahucios, según ha destacado la consejera, que ha enfatizado: "Hoy, en Andalucía, decimos íbasta! y defendemos la vivienda como un derecho humano".
La nueva norma incluye un sistema de sanciones leves, graves y muy graves para las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que no destinen al arrendamiento su reserva residencial.
"Hemos exprimido las competencias al máximo para cumplir el compromiso de que Andalucía sea 'insumisa' a los desahucios y, modestamente, creo que algo hemos conseguido", ha destacado Cortés.
Se considerará infracción muy grave no dar uso de habitación a un inmueble o arrendar, transmitir o ceder su uso con destino a vivienda sin cumplir las condiciones de seguridad establecidas por ley, casos en los que la penalización puede alcanzar los 9.000 euros, y cuya recaudación se destinará al patrimonio público de suelo de la Junta.
Para declarar como vacía una vivienda será necesario acreditar durante un periodo de seis meses la no habitabilidad, y la nueva regulación establece la creación de un Registro de Viviendas Deshabitadas como instrumento de control, al tiempo que dispondrá de un plan de inspección que, con una vigencia de dos años, fijará los criterios para priorizar la actuación de la Junta en este ámbito.
Respecto a la expropiación temporal será de aplicación en procedimientos de desalojo instados por los bancos y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, y las entidades afectadas por la expropiación recibirán a cambio el 2 % del justiprecio, que es lo previsto en la Ley de Expropiaciones.
Entre los requisitos que se fijan para aplicar esta medida excepcional destacan que el afectado tenga en la vivienda hipotecada la residencia habitual y permanente; que la finalidad del préstamo sea el pago de la casa; que el desalojo pueda generar exclusión social y que las condiciones económicas de los afectados suponga un importante menoscabo y una situación de endeudamiento sobrevenido.
Según la consejera, con esta nueva regulación Andalucía avanza "hacia un horizonte más justo, en el que las víctimas de la crisis ven como su gobierno autonómico ofrece respuestas".
"La actual situación no es soportable desde un punto de vista ético", ha enfatizado la consejera, que se ha mostrado convencida de que la solución al problema del derecho a la vivienda "no va a venir por la construcción de más vivienda".
